Las piezas retiradas del Museo Nacional el 15 de octubre deben volver a sus salas, ordenó el Juzgado 24 de Familia de Bogotá. El fallo es del miércoles 28 de octubre. Da 48 horas, desde su notificación, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al museo para cumplir.
La sentencia, firmada por el juez César Enrique Osorio Ortiz, resuelve varias tutelas acumuladas. Estas buscaban proteger la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica.
Qué deben hacer con las piezas retiradas del Museo Nacional
Además de devolver los objetos a sus espacios de exhibición, las instituciones deben garantizar las condiciones técnicas para conservarlos. Mientras se adelantan las evaluaciones técnicas y curatoriales, deben seguir los procedimientos internos. También debe intervenir el Comité de Gestión Patrimonial del Museo Nacional, entre otras instancias competentes.
Asimismo, la sentencia exige respetar la memoria histórica, el pluralismo, la igualdad, el enfoque diferencial y de género y la prohibición de censura.
Eso sí, el amparo no fue total. El despacho negó los demás derechos invocados y las restantes pretensiones de las tutelas acumuladas.
Sobre el número de piezas, el Ministerio listó 22 obras patrimoniales en su respuesta. Sin embargo, el listado completo incluye 63, entre ellas bienes en comodato, objetos de apoyo y facsímiles.
El camino hasta el fallo
El proceso arrancó el 19 de octubre, cuando el mismo juzgado admitió la tutela. Entonces ordenó conservar las piezas retiradas y no intervenir otras por su contenido sin actos administrativos que lo justifiquen.
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Por su parte, el Gobierno defendió el retiro: argumentó que el museo debe representar a toda la nación, no a un solo sector. El presidente Abelardo De La Espriella presentó la medida como una “contrarrevolución cultural”. En X, la ministra de Cultura, Paola Holguín, escribió el 18 de octubre que la vocación del museo no es ser instrumento de adoctrinamiento político.
Del otro lado, el representante a la Cámara Gabriel Becerra, uno de los accionantes, celebró el fallo en un video. “La memoria histórica no se censura ni se borra por decreto”, afirmó.
Qué sigue tras la decisión
Ahora bien, contra esta decisión de primera instancia procede impugnación dentro de los tres días siguientes a su notificación. Si nadie la presenta, el despacho dispuso enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
