La JEP imputa a Timochenko y a Pastor Alape, dos exintegrantes del último Secretariado de las Farc, y a otros nueve excomandantes por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Sala de Reconocimiento de Verdad los señala como máximos responsables de hechos cometidos por los antiguos bloques Caribe y Magdalena Medio durante el conflicto armado.
La decisión se enmarca en el Caso 10 de la JEP, que investiga crímenes no amnistiables de la antigua guerrilla que no fueron abordados en otros macrocasos. La investigación estuvo bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll. Eso sí, imputar no es condenar. Es decir, ahora los once comparecientes deben decir si reconocen o rechazan lo que la Sala les atribuye.
Los once excomandantes señalados
Además de Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y de Pastor Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’, la decisión cobija a nueve excomandantes regionales. Estos son los del Bloque Magdalena Medio:
- Erasmo Traslaviña, alias ‘Jimmy Guerrero’.
- Pedro Trujillo, conocido como ‘Alberto Cancharina’.
- Jairo Reinaldo Cala, alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.
Por el Bloque Caribe, también conocido como Martín Caballero, fueron imputados:
- Abelardo Caicedo, ‘Solís Almeida’.
- Osmany Landero, ‘Hernando González’.
- Gilberto de Jesús Giraldo, ‘Aldemar Altamiranda’.
- Luis Alejandro Cuadras, ‘Leonardo Muñoz’.
- Uriel Antonio Oviedo, ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’.
- Héctor Enrique Hernández, ‘Fabio Borges’.
Los delitos que la Sala les atribuye
Entre los crímenes de guerra, la JEP imputa a Timochenko y a los demás comparecientes homicidio, desplazamiento forzado, tortura, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual. También incluye ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil y contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como hospitales, escuelas e iglesias.
Por crímenes de lesa humanidad, la imputación abarca asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos. La JEP advirtió que, por su gravedad, estos delitos no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
De Chalán a La Duquesa: dos patrones de violencia
Según la Sala, no se trató de hechos aislados. La investigación identificó dos grandes patrones. El primero es el control social y territorial, mediante amenazas, asesinatos, desplazamientos y persecuciones contra personas señaladas de colaborar con la fuerza pública o con grupos paramilitares. En ese patrón se documentaron agresiones contra líderes comunitarios, docentes, comerciantes, comunidades de fe y autoridades locales.
El segundo patrón corresponde a las acciones armadas durante las hostilidades: tomas guerrilleras, emboscadas y uso de explosivos en zonas habitadas, con graves consecuencias para la población civil.
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Estos son los episodios que la decisión destaca:
- Chalán (Sucre), 1996. Integrantes del Frente 35 detonaron un burro cargado con unos 50 kilos de explosivos. Murieron 11 policías, parte del casco urbano quedó destruida y muchos habitantes se desplazaron. El municipio quedó casi desocupado y fue apodado ‘pueblo candado’.
- Barranquilla, 2002. Un vehículo con explosivos atacó la caravana de Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato presidencial. Dejó cinco civiles muertos y varios heridos.
- Tibú (Norte de Santander), 2004. En la finca La Duquesa, integrantes del Frente 33 asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos adolescentes de 15 y 17 años.
- Bogotá, agosto de 2010. Un carro bomba explotó contra una emisora y dejó nueve personas heridas.
La Sala también documentó sabotajes a la infraestructura energética y petrolera, que dejaron daños ambientales en ríos como el Catatumbo. Además, concluyó que la violencia sexual se usó de forma deliberada como castigo e intimidación contra la población civil.
Las cifras detrás de la decisión
La JEP imputa a Timochenko y a los otros diez comparecientes tras estudiar los relatos de 733 víctimas. Además, revisó 72 informes de víctimas y organizaciones de derechos humanos, 15 versiones colectivas y nueve individuales de antiguos integrantes de las Farc. También analizó 1.859 denuncias de la Fiscalía.
El tribunal puso esos datos frente a los de la justicia ordinaria. Según la JEP, más del 95 % de los procesos por estos crímenes nunca llegó a juicio y más del 72 % seguía en indagación preliminar. En el Caribe y el Magdalena Medio, el desplazamiento y la desaparición forzada registraron 100 % de impunidad.
Qué sigue ahora que la JEP imputa a Timochenko
Los once comparecientes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para manifestar por escrito si reconocen o rechazan los hechos y su responsabilidad. Por su parte, la JEP fijó el 8 de febrero de 2027 como fecha límite para que aporten información sobre 54 personas desaparecidas cuyo paradero sigue sin conocerse. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones.
Ahora que la JEP imputa a Timochenko y a los demás, el camino depende de esa respuesta. Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad, podrían avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y recibir sanciones propias de la justicia transicional, con restricciones efectivas de derechos y libertad, pero sin cárcel ordinaria. En cambio, si rechazan los cargos, sus procesos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían enfrentar un juicio y condenas de hasta 20 años de prisión.
