La Fiscalía General de la Nación avanza en una nueva línea de investigación dentro del caso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: la posibilidad de que su esquema de seguridad haya sido infiltrado por la organización criminal que planeó el atentado.
En el centro de la indagación hay dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados al entonces precandidato presidencial. Según los registros de antenas de telefonía celular, sus teléfonos coincidieron en dos ocasiones con el de uno de los condenados por el crimen, en fechas anteriores al atentado del 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá.
Dos encuentros bajo la lupa
La primera coincidencia se ubicó el 29 de enero de 2025 en el sector de Modelia, el mismo barrio donde meses después ocurrió el ataque. Ese día, Uribe Turbay estaba en Panamá y su esposa, María Claudia Tarazona, se encontraba en Miami.
La segunda coincidencia se registró a comienzos de abril de 2025, cerca de la sede del Congreso, en el centro de Bogotá. Para entonces, según Semana, el senador se encontraba en Cali presentando su precandidatura presidencial. Tanto Uribe como Tarazona estaban fuera de la capital ese día.
Semana identificó a la persona con la que se habrían reunido los dos escoltas como Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado a 22 años y cuatro meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía. El Viejo le dijo al ente acusador que la Segunda Marquetalia, la disidencia liderada por antiguos mandos de las Farc, financió y planeó el atentado.
Es importante aclarar que, aún no se ha establecido públicamente cuál de los condenados fue quien se reunió con los escoltas. La Fiscalía trabaja con un informe técnico basado en el cruce de los registros telefónicos, que constituye un indicio y no una prueba cerrada.
El testimonio del “escolta senador”
La otra pieza de esta línea investigativa es la declaración de un adolescente conocido como “Churco”, que participó en la logística del atentado y luego se fugó de un lugar transitorio del ICBF donde permanecía bajo custodia. Su paradero actual se desconoce.
Según su testimonio, conocido primero por Semana, Élder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño —señalado como cerebro logístico del crimen— tenía en su celular un contacto guardado como “escolta senador”. El joven relató que presenció una llamada de tres segundos entre Chipi y esa persona, en la que solo se escuchó la frase “hay manifestaciones”.
“Churco” también aseguró que integraba un grupo de WhatsApp llamado ‘Plata o Plomo’, donde circulaba información sobre los movimientos de Uribe Turbay: su vivienda, su camioneta y sus recorridos habituales. Según su relato, parte de esos datos provenía de personas con algún tipo de contacto con el político.
Tanto la Fiscalía como la firma que representa a las víctimas, Víctor Mosquera Marín Abogados, insisten en que este testimonio y el hallazgo del contacto telefónico siguen en etapa de verificación formal.
Los mismos escoltas siguen a cargo de la seguridad de la familia
Los dos escoltas señalados en esta línea de investigación, al parecer, continúan haciendo parte del esquema de protección de María Claudia Tarazona.
Frente a esa situación, el abogado Víctor Mosquera Marín pidió formalmente al Gobierno Nacional, a la UNP y a la Policía Nacional adoptar medidas de seguridad reforzadas para la familia del senador asesinado. La defensa sostuvo que la protección de los familiares es indispensable para que el proceso judicial continúe hasta el esclarecimiento total de los hechos.
El caso, condena por condena
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay acumula varias sentencias en firme, todas producto de preacuerdos con la Fiscalía. El 20 de agosto de 2026, la Jueza Novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 11 y 15 años de prisión a Cristian Camilo González Ardila y a Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, por su participación en la organización y ejecución del crimen. La Fiscalía calificó ese fallo como la séptima condena en firme dentro del caso.
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Los delitos por los que fueron condenados incluyen homicidio agravado, fabricación y tráfico de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y uso de menores en la comisión de delitos.
Fuentes cercanas a la Fiscalía le confirmaron a Semana que la línea de investigación sobre una eventual infiltración del esquema de seguridad sigue su curso y que en los próximos días podrían tomarse nuevas decisiones, con base en videos de cámaras de seguridad y en el informe técnico que elabora el equipo de tareas especiales del caso.
