El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió poner fin a los espacios de diálogo que mantenía con Comuneros del Sur y con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, en una nueva medida para desmontar los procesos de la denominada Paz Total.
La decisión quedó formalizada mediante resoluciones ejecutivas, con las que también se retiraron los funcionarios del Gobierno que participaban en las conversaciones y quedaron sin efecto las designaciones de los voceros de los grupos armados.
Lea también: Gobierno de De la Espriella busca tumbar orden que frena bombardeos por presencia de menores
¿Por qué el Gobierno cerró las mesas de diálogo?
En el caso de Comuneros del Sur, estructura disidente del ELN con presencia principalmente en Nariño, el Gobierno argumentó que no existe una ruta jurídica e institucional clara que permita concretar su sometimiento a la justicia, tránsito a la legalidad y reinserción a la sociedad.
Este grupo había avanzado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro en una hoja de ruta para la paz territorial e incluso realizó una dejación de armas en 2025. Sin embargo, la administración de De la Espriella determinó que no existen actualmente condiciones suficientes para continuar con el proceso.
En cuanto a las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, el ejecutivo señaló que los diálogos sociojurídicos requieren un marco legal de sometimiento a la justicia que permita establecer una ruta concreta para los integrantes de estas organizaciones.
Le puede interesar: Marco Rubio viajará a Barranquilla para reunirse con De La Espriella
El nuevo Gobierno sigue desmontando la Paz Total
El cierre de estas dos mesas se suma a la decisión anunciada días atrás de terminar otros procesos de diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, entre otras estructuras.
Con estas decisiones, el Gobierno de De la Espriella avanza en el desmonte de la estrategia de Paz Total impulsada por Gustavo Petro, bajo el argumento de que no mantendrá negociaciones con organizaciones que, según el Ejecutivo, no demuestren una voluntad verificable de abandonar las armas y someterse a la justicia.
Siga con nosotros: Así fue el primer día de De La Espriella despachando desde la Casa de Nariño
