El expresidente Álvaro Uribe Vélez rinde este viernes 4 de septiembre indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación por su presunto conocimiento de los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Antes de ingresar a la diligencia, entregó una declaración pública en la que rechazó las acusaciones en su contra.
“Acudo a esta indagatoria con tristeza. Lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia”, afirmó el exmandatario. Sobre el fondo del proceso, fue enfático: “Hoy acudo a decir que no he sido asesino”.
Lo que dijo sobre las acusaciones en su contra
Uribe sostuvo que este proceso se suma a otras acusaciones que, según él, han sido impulsadas por “el comité de mis adversarios”. En su declaración repasó varios señalamientos que ha enfrentado a lo largo de su carrera política, entre ellos los de ser “neoliberal”, “enemigo de los trabajadores”, tener presuntos vínculos con Pablo Escobar y ser calificado como “narco-paramilitar”, pese a que, según él mismo destacó, su gobierno logró resultados en la disminución del narcotráfico y el desmonte del paramilitarismo.
Frente a los señalamientos por violación de derechos humanos, el expresidente sostuvo que la política de Seguridad Democrática de su gobierno “sirvió a todos los colombianos” y afirmó que el término “falsos positivos” fue acuñado por alguien de su propio gobierno, quien según dijo, debió evitarlos o sancionarlos a tiempo.
Uribe también relacionó el proceso actual con el expresidente Gustavo Petro, a quien atribuyó parte del origen de esta acusación, aunque señaló que prefiere acogerse a las mismas garantías constitucionales que reclama para sí mismo, “en lugar de caer en la rabiosa actitud del diente por diente o del ojo por ojo”.
Cerca del final de su intervención, el exmandatario se refirió a la condena de su hermano, a quien calificó como “un finquero básico, de valores morales”, y afirmó que su dolor personal “no deteriora” su compromiso con el país.
El contexto judicial detrás de la indagatoria
La citación corresponde a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y se relaciona con la hipótesis de un presunto concierto para delinquir agravado vinculado al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como el Bloque Metro.
Actualmente existe un conflicto de competencias, pendiente de resolución en la Corte Constitucional, sobre qué entidad debe investigar el caso. El pasado 19 de agosto, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes pidió asumir el proceso. Argumentó que Uribe cuenta con fuero constitucional.
También señaló que los presuntos vínculos investigados se extenderían hasta 2003, cuando ya ejercía la Presidencia. La Fiscalía General, por su parte, no comparte esa posición y ha reclamado mantener el conocimiento del expediente.
Un día antes de la indagatoria, el 3 de septiembre, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso rindió declaración en Montería sobre estos mismos hechos. Mancuso habría asegurado que no tenía información sobre la participación de Uribe en las incursiones paramilitares investigadas.
También dijo que desconocía cualquier participación de Uribe en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Asimismo, señaló que tampoco le constaba una presunta colaboración de funcionarios de la Gobernación de Antioquia para trasladar a los paramilitares.
