La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda, para establecer si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.
El magistrado ponente del caso, Francisco Farfán, ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones para determinar si los hechos denunciados ocurrieron.
Una indagación previa es la etapa más temprana de un proceso judicial: busca verificar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. No implica que Cepeda haya sido imputado ni que exista una decisión sobre su responsabilidad.
Qué se investiga
La indagación está relacionada con dos aportes reportados en la financiación de la consulta del Pacto Histórico. El primero corresponde a $116 millones atribuidos a Javier Antonio Pérez Páez. El segundo suma $609 millones registrados a nombre de Samat Publicidad SAS. La Corte busca establecer si estos recursos implicaron alguna irregularidad en la financiación de la consulta.
La consulta en la que se habrían presentado estas irregularidades se realizó el 26 de octubre de 2025, y definió que Cepeda sería el candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026. En esa votación, el senador obtuvo cerca del 65% de los votos, por encima de la exministra Carolina Corcho y del exalcalde Daniel Quintero.
Lo que ya había resuelto el CNE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había revisado estos hechos desde el ámbito administrativo. El organismo decidió abstenerse de iniciar una investigación contra Cepeda por la presunta infracción del régimen de financiación.
El CNE concluyó que no estaba acreditado que Samat Publicidad SAS y Javier Antonio Pérez Páez hubieran realizado donaciones a la campaña.
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La resolución del organismo señala que no existió “un bien transferido a título gratuito” por parte de Samat Publicidad, sino una suma que el candidato adeudaría por un servicio de propaganda electoral. Con base en ese análisis, el CNE concluyó que no había mérito para iniciar una investigación administrativa.
Por qué ahora interviene la Corte Suprema
La decisión del CNE de no abrir una investigación administrativa no impide que otra autoridad revise los mismos hechos desde una óptica distinta. La Corte Suprema, que tiene competencia para investigar a los congresistas, ahora busca establecer si en esos mismos aportes hubo una conducta que pueda constituir un delito, independientemente de lo que ya resolvió el CNE en el ámbito electoral y administrativo.
