El arresto de Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, llevó al presidente Abelardo De la Espriella a pedirle al Congreso que legisle sobre los tratamientos hormonales en menores relacionados con procesos de transición de género.
Adrián habría sido arrestado el domingo 13 de septiembre en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, al llegar al país. Según confirmó la Policía de Bogotá al medio Semana, no se trata de una captura por un delito penal, sino de un arresto ordenado por un juez dentro de un proceso de desacato, vinculado a contenidos que el investigador publicó en su canal de YouTube.
El desacato es la figura legal que usan los jueces para hacer cumplir una orden judicial previa; en este caso, ligada a las publicaciones del creador de contenido sobre el documental.
Ese mismo domingo, De la Espriella se pronunció a través de su cuenta de X. Calificó el caso como una oportunidad para abrir “un debate nacional” y pidió al Congreso “legislar sobre los límites y prohibiciones” de estos procedimientos en menores. El presidente se refirió a los tratamientos como los relacionados con lo que llamó “el mal llamado cambio de sexo en menores”, una caracterización propia del mandatario y no una definición médica o jurídica establecida.
¿Qué plantea el presidente?
De la Espriella sostuvo que la interpretación actual del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva —principios constitucionales que reconocen derechos crecientes a los menores según su edad y madurez— ha dejado vacíos legales.
A su juicio, esos vacíos deben resolverse “legislativamente” y no seguir dependiendo de fallos de tutela, protocolos administrativos o criterios de los jueces, siempre bajo el principio de prevalencia de los derechos de los niños.
El caso que originó el pronunciamiento
El documental de Adrián, centrado en los tratamientos vinculados a procesos de transición de género en niños y adolescentes en Colombia, ha generado controversia desde su publicación. Ha provocado reacciones divididas entre sectores políticos, organizaciones de derechos LGBTIQ+, profesionales de la salud y grupos que defienden distintas posturas frente a estos tratamientos.
Adrián ya sabía que podía ser detenido al llegar a Colombia. Antes de viajar, grabó un video en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, en el que explicó que enfrentaría, según la información que tenía en ese momento, 10 días de arresto y una multa por negarse a retirar el documental de circulación. En esa grabación aseguró que su eventual detención no cambiaría su posición.
“Yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días, pero muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles de tratamientos a los que nunca debieron de haber sido sometidos”, dijo Adrián en el video.
Meses antes, en una conferencia sobre libertad de expresión en el Congreso de México, Adrián ya había hablado de su situación judicial en Colombia. En esa intervención, habría afirmado tener una orden de aprehensión en el país y una multa por 7.200 dólares, y dijo que su investigación buscaba conocer cómo funcionan los protocolos médicos dirigidos a menores que experimentan lo que, según explicó, algunos sectores llaman incongruencia de género.
