Este 2 de octubre se cumplieron 10 años del plebiscito en el que Colombia rechazó, por un margen muy estrecho, el primer acuerdo de paz con las Farc. La fecha reabrió viejas diferencias. El expresidente Álvaro Uribe pidió resolver lo que considera los problemas heredados de esa votación. Humberto de la Calle defendió su utilidad, y Juan Manuel Santos insistió en que la JEP funcione hasta 2033.
Para ponerlo en contexto, aquel domingo de 2016 votaron unos 13 millones de personas. El ‘No’ superó al ‘Sí’ por cerca de 54.000 votos. Con esa diferencia, el Gobierno Santos tuvo que renegociar con los promotores del rechazo, liderados por Uribe.
El nuevo texto se firmó el 24 de noviembre de ese año en el Teatro Colón de Bogotá. Después, el Congreso lo refrendó directamente, sin una nueva votación popular. Esa decisión todavía divide al país.
Uribe pone sobre la mesa a los militares y el narcotráfico
En su cuenta de X, el exmandatario dijo que el primer problema por resolver es el narcotráfico. Según sus cifras, la cocaína que llegó al mercado pasó de 150 toneladas en 2010 a 2.100 toneladas en 2024.
Su segunda petición apunta directamente a la JEP. Uribe recordó que el Centro Democrático presentó un proyecto con dos objetivos. El primero es que las sentencias del tribunal contra militares tengan revisión automática de la justicia penal militar. El segundo es que las penas de prisión por esos hechos no superen cinco años, con una alternativa restaurativa.
En otras palabras, la decisión final sobre los uniformados ya no quedaría solo en manos de la justicia transicional. Uribe también pidió revisar los derechos políticos. Según él, mientras los exguerrilleros pudieron aspirar a cargos públicos, muchos colombianos condenados “justa o injustamente” necesitan recuperar esos derechos.
De la Calle: perder el plebiscito terminó ayudando al acuerdo
La conmemoración también llegó al Congreso. La Comisión Primera de la Cámara dedicó una sesión al aniversario. Hubo intervenciones de exnegociadores, opositores, víctimas y firmantes de paz.
Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno, intervino de manera virtual. Sostuvo que, aunque el resultado no fue el esperado, la votación sirvió para ordenar la discusión en la mesa de diálogos. “No sólo era necesario, fue bueno y cumplió”, afirmó.
La otra cara la puso el senador del Centro Democrático Rafael Nieto. Reconoció que el acuerdo es constitucionalmente válido, pero cuestionó su legitimidad porque, según dijo, los votantes lo rechazaron. Ximena Ochoa, de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), también puso en duda su respaldo democrático.
La JEP, en el centro del debate que viene
Un día antes del aniversario, Santos fijó su posición sobre el tribunal. “Garantizar el funcionamiento de la JEP durante los 15 años que estaba previsto su mandato, hasta 2033, es fundamental”, dijo el expresidente en un video. Según explicó, ese plazo es clave para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
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Eso sí, Santos aclaró que no está de acuerdo con prorrogar ese plazo. De la Calle coincidió con él y aseguró que el tribunal puede terminar su tarea a tiempo. No todos lo ven así. El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, considera que los cinco años adicionales que permite la ley serán necesarios.
Esta discusión no ocurre en el vacío. Sobre la mesa hay un posible recorte de 170.000 millones de pesos en el presupuesto de la JEP para 2027. Lo siguiente será ver cómo avanza en el Congreso la propuesta del Centro Democrático y cuánto dinero recibe finalmente el tribunal. De ambas decisiones dependerá el alcance de la justicia transicional en sus últimos años.
