Los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, saldrán de la cárcel La Picota, en Bogotá. Este viernes 9 de octubre, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia les concedió la libertad provisional por vencimiento de términos dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión no los absuelve ni cierra el caso. Los dos excongresistas siguen vinculados al proceso y deberán enfrentar el juicio.
¿Por qué quedaron en libertad?
La explicación estaría en los plazos. Name y Calle fueron acusados formalmente el 27 de agosto de 2025. Desde entonces ha pasado más de un año sin que comenzara la audiencia pública de juzgamiento.
La Ley 600 de 2000, que rige este proceso, establece que procede la libertad provisional cuando pasan más de seis meses desde la acusación sin que se haya celebrado esa audiencia. Con ese plazo ampliamente superado, la Sala no encontró motivos para mantenerlos detenidos.
La Corte aclaró que la demora no se debió a negligencia de la Sala. Tampoco encontró que la defensa hubiera usado “maniobras dilatorias”. Según Semana, en este tiempo se han recibido 12 testimonios y se han hecho diligencias documentales, y todavía se practican pruebas.
“Mientras la libertad es la regla general, la detención preventiva exclusivamente puede ser una medida extrema”, recordó el alto tribunal.
Las condiciones de la libertad
La medida tiene condiciones. Cada uno debió pagar una caución de 10 salarios mínimos mensuales, más de $17 millones, para garantizar que se presentará a las diligencias del proceso. Además, la decisión no está en firme: contra ella proceden los recursos de reposición y apelación.
De qué los acusan
Según la Fiscalía, Name habría recibido $3.000 millones y Calle, $1.000 millones en efectivo, provenientes del contrato de carrotanques para La Guajira. De acuerdo con la acusación, el dinero buscaba asegurar su apoyo a iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso a finales de 2023.
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La investigación se abrió en mayo de 2024, a partir de los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad. Ambos excongresistas han estado cobijados por la presunción de inocencia durante todo el proceso.
