La Procuraduría General de la Nación dejó sin efectos la suspensión provisional que pesaba sobre cuatro funcionarios clave del gabinete distrital en Cali. La decisión beneficia a Brayer Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo; Nicolás Suárez, subsecretario de Manejo de Desastres; Diego Giraldo, director de Planeación; y María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda. Con esta determinación, el órgano de control ordena que los implicados retomen sus funciones de manera inmediata.
La medida cautelar se había impuesto en marzo de 2026 como parte de un proceso disciplinario. Sin embargo, en la reciente revisión, la Procuraduría Delegada determinó que no se cumplían los requisitos para mantener el castigo preventivo. Según el análisis jurídico, no existen evidencias de que los funcionarios pudieran interferir en la investigación o reiterar las conductas señaladas. Por esta razón, la suspensión fue calificada como una medida que no cumplía con los principios de necesidad y proporcionalidad exigidos por la ley.
Fallas en los requisitos de la medida cautelar
El órgano de control enfatizó que la suspensión provisional es un recurso excepcional en el derecho disciplinario. En este caso específico, se detectó que algunos de los investigados ya no ocupaban los mismos cargos o no tenían la capacidad de afectar el desarrollo del proceso. La decisión del ente subraya que la permanencia de los secretarios y directores en sus puestos no representa un riesgo real para el recaudo de pruebas o la transparencia de la indagación.
Por su parte, la administración del alcalde Alejandro Eder se pronunció sobre el fallo y manifestó su respeto por la autonomía de los órganos de vigilancia. La Alcaldía destacó que, durante el actual periodo, el número de funcionarios suspendidos ha superado las cifras de las últimas dos décadas. No obstante, la revocatoria de estos cuatro nombres en particular obliga al gobierno local a ajustar nuevamente su equipo de trabajo tras semanas de interinidad en carteras estratégicas como Vivienda y Planeación.
El camino de la investigación disciplinaria
A pesar del reintegro, el proceso disciplinario contra los funcionarios continúa su curso normal en la Procuraduría. El levantamiento de la suspensión no implica un cierre del caso ni una declaración de inocencia definitiva. El ente de control seguirá evaluando las pruebas para determinar si existieron irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Mientras tanto, el gabinete distrital deberá retomar el ritmo en proyectos críticos de infraestructura y gestión del riesgo que dependen de estas dependencias.
Este movimiento jurídico genera un nuevo balance en la dinámica política de la capital vallecaucana. El reintegro de los secretarios permite que la administración recupere perfiles técnicos que lideran planes clave para la ciudad. Los ciudadanos y sectores políticos permanecen atentos al desarrollo final de las investigaciones, mientras los despachos afectados normalizan su operación administrativa desde este 28 de abril.
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