Ciento cincuenta y tres niños con discapacidad visual y auditiva en Cali continúan sin poder regresar a las aulas después del terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto. La sede del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, ubicada en Cali, presenta daños en techos y paredes que impiden retomar las clases con normalidad.
El director de la institución, Pedro Pablo Perea, explicó que el sismo ocurrió minutos antes de que los estudiantes llegaran a las instalaciones. “Nuestros niños ingresan a la institución a las 8:00 a. m.”, relató, mientras que el terremoto se registró a las 7:34 de la mañana. Según contó, ese desfase de tiempo evitó una tragedia mayor.
“Eso fue un tema de bendición para nosotros. Tenerlos a ellos acá hubiera podido ser más catastrófico”, aseguró Perea. El directivo agregó que, por la misma razón, tampoco había mucho público en la Clínica Visual Auditiva, un centro de salud contiguo que apenas comenzaba a atender pacientes cuando ocurrió el sismo.
Una institución que depende de otra para sobrevivir
Ahí está uno de los puntos más delicados de esta historia. El Instituto para Niños Ciegos y Sordos no se sostiene por sí solo. Según explicó su director, toda la financiación de la organización proviene de los ingresos de la Clínica Visual Auditiva, que también resultó afectada por el terremoto.
Perea detalló que la clínica, en su operación normal como IPS (institución prestadora de servicios de salud), genera ingresos diarios cercanos a $300 millones. Ese dinero es el que sostiene el presupuesto anual de cerca de 1.200.000 dólares que requiere el instituto para mantener en marcha sus programas de rehabilitación.
Con la clínica fuera de operación por los daños del sismo, la organización enfrenta lo que Perea llamó un “lucro cesante”. La pérdida de ingresos que normalmente recibiría si su actividad no se hubiera visto interrumpida. Esa es la razón concreta por la que, de momento, no hay fecha para que los 153 niños regresen a clases.
El reclamo al Estado por una deuda que arrastra la organización
Más allá de los daños del terremoto, el director del instituto usó la entrevista para hacer un llamado público al Estado. Aseguró que las EPS mantienen con la organización una deuda que calculó entre $36.000 y $38.000 millones. Pidió que ese dinero se cancele para que la institución pueda recuperarse.
“Se hace necesario esa cancelación para poder volver a salir adelante en nuestra organización”, afirmó Perea. Según explicó, sin ese pago la clínica no puede reactivarse con normalidad. Sin la clínica, tampoco puede sostenerse el instituto.
El director insistió en que la atención de esta red beneficia principalmente a familias vulnerables. “Niños de familia vulnerable de estrato 1, 2 y 3 que llegan aquí a diario” son quienes dependen de estos servicios de rehabilitación visual y auditiva, según señaló.
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