La exsenadora de derecha, María Fernanda Cabal, le pidió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, denunciar el Acuerdo de Escazú por ser una “herramienta de la extrema izquierda para entregar nuestra soberanía a terceros fuera de Colombia”. Lo hizo a través de un trino en su cuenta de X y no es la primera vez que se opone al Acuerdo. Sin embargo, ese tratado es una herramienta clave para proteger a líderes y defensores ambientales en un país que es violento para ellos.
Colombia firmó el Acuerdo de Escazú en 2019 bajo el gobierno de Iván Duque, como parte de los compromisos adquiridos en el marco del paro nacional de ese año. Pero un lobby de gremios petroleros, ganaderos y agricultores lo frenó en el Congreso hasta que el gobierno de Gustavo Petro logró aprobarlo a finales del 2022. Ese tratado internacional fija medidas de protección para líderes ambientales, quienes son los mayores defensores del agua, los bosques y la biodiversidad del país.
Según la Defensoría del Pueblo, en los primeros cinco meses de este año, hubo 67 líderes sociales asesinados. Los casos se concentraron en territorios donde campesinos, indígenas y afrodescendientes defienden la tierra y el medio ambiente.
Contexto: Colombia aprueba el Acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Es un acuerdo regional sobre acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección de defensores ambientales en América Latina y el Caribe. Empezó en 2012, bajo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Río De Janeiro, Brasil. Seis años después, fue adoptado formalmente en Escazú, Costa Rica. Traza líneas con base en los derechos humanos para reconocer y fortalecer la labor de la defensa del medio ambiente.
Ese acuerdo está firmado por 24 países de la región: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Colombia lo firmó en 2019, el Congreso lo aprobó en 2022 y en 2024 la Corte Constitucional lo ratificó. Con eso, se pudo incorporar al ordenamiento jurídico del país. Ese mismo año, el presidente Petro también lo ratificó ante la Asamblea General de la ONU.
Cabal se opuso al Acuerdo de Escazú desde su trámite en el Congreso
El 12 de diciembre de 2019, el expresidente Iván Duque firmó el Acuerdo de Escazú, y el 20 de julio del 2020, el proyecto se radicó en el Congreso. Pero, como reporta esta nota de La Silla Vacía, al exmandatario se le dificultó cumplir con la promesa ambiental porque la exsenadora María Fernanda Cabal fue quien lideró el lobby entre el sector petrolero, agrícola, ganadero y minero para mantenerlo frenado en el Congreso.
“Todo lo que propone Escazú está en el derecho interno, derecho a la información, a la justicia. Es una farsa globalista para dejarnos pobres a todos los colombianos y engañar a los jóvenes incautos”, dijo Cabal ante la prensa. Aunque Cabal lideró ese lobby en solitario, logró movilizar a gremios completos. Finalmente, en julio del 2022 arrancó el activismo pro-Escazú hasta que fue aprobado en el legislativo. Aunque el Centro Democrático se opuso desde el principio, finalmente terminó votando positivo.
Colombia asumió su vicepresidencia: lo importante para el país y lo que falta
En abril de este año, Colombia asumió una de las cuatro vicepresidencias de la mesa directiva del Acuerdo de Escazú durante la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) que se hizo en Nassau, Bahamas. Ese encuentro fue clave, porque cada país expuso sus avances en el Acuerdo, y los compromisos ambientales adquiridos que se presentarán en cada COP. La próxima COP será en el 2028, pero aún no hay país definido.
Escazú importa para toda la región y específicamente en Colombia, porque desde el 2022 es el país con más líderes ambientales asesinados y desaparecidos del mundo. A finales del 2025, la ONG Global Witness posicionó a Colombia como el país más peligroso para defender el ambiente y el territorio. Según ese informe, 48 de las 146 personas asesinadas eran defensoras ambientales. Según el informe, los campesinos e indígenas son los más afectados. Además, la mayoría de las amenazas contra los líderes tienen que ver con la defensa a sus tierras.
Hasta 2024, el segundo lugar fue para Guatemala, con 20 asesinatos o desapariciones, y el tercero México, con 18 casos.
Según reportó ONU Derechos Humanos, entre 2016 y 2025 hubo 972 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. “La violencia está vinculada al narcotráfico, la minería y la tala ilegal, y afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas”, dice el reporte. En promedio, son casi 100 muertes al año. La afectación particular hacia comunidades indígenas tiene que ver, particularmente, por su defensa a la tierra, el territorio, el ambiente y el agua, tal como reseña el informe de la ONU.
Según la Defensoría del Pueblo, en los primeros cinco meses del 2026 fueron asesinados 67 lideresas y líderes. Según reportó, los homicidios se concentraron en territorios donde comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes defienden la tierra y el medio ambiente frente a grupos armados ilegales.
Así las cosas, ya hay una ruta nacional de implementación con enfoque territorial que incluye la articulación institucional, el diálogo territorial con líderes y el reconocimiento de los derechos. La meta principal es cumplir con el artículo 9 del Acuerdo, que es el que establece las directrices para proteger los liderazgos ambientales.
Para tumbar ese Acuerdo en Colombia, se debe radicar un proyecto de ley derogatorio y este debe ser aprobado por las mayorías en el Congreso.
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